El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de dos textos legales  para la protección a la infancia.  A pesar de su aprobación no podemos decir que la infancia en España se encuentre en disposición de hacer grandes celebraciones.

En un país con casi tres millones de niños en situación de pobreza, con bolsas de pobreza extrema con grave afectación de sus derechos y de sus posibilidades de futuro, con un continuo retroceso en políticas de protección a la infancia, de medidas de compensación de desigualdades y de atención a la dependencia, y con un grave déficit de atención a la infancia migrante, la aprobación de estos dos anteproyectos podemos considerarlos insuficientes.

Es una buena noticia que se incorpore el interés superior del menor como  un derecho sustantivo del menor, un principio interpretativo y una norma de procedimiento, directamente invocable en los procedimientos judiciales, pero hubiera sido deseable que se hiciera en el marco de una Ley Integral para la Protección de la Infancia con carácter de Ley Orgánica.

Aspecto positivo: elaborada con la participación activa de agentes sociales

Uno de los aspectos más positivos de la ley ha sido la participación de entidades sociales especializadas en infancia en la elaboración del anteproyecto así como universidades y personalidades comprometidas con los derechos de la infancia lo que ha contribuido, sin duda, a que se reflejen en los textos legales preocupaciones y serias propuestas de mejora del marco general de protección a la niñez. No podemos sino agradecer ese trabajo a estas entidades y asociaciones, así como reclamar que este procedimiento de elaboración de la leyes, con participación activa de agentes sociales, se generalice en la aprobación de las leyes para asegurar que nuestro marco normativo esté formado por leyes que recojan las sensibilidad, preocupación y propuestas de mejoras de quienes, en el día a día, conocen los temas que han de ser objeto de ley.

Sin duda la sensibilidad de estas entidades se refleja ya en el nombre de la ley sustituyendo el anterior título de “protección jurídica del menor” por la “ley de protección a la infancia”, recuperando los conceptos de infancia y niñez, más acorde con la concepción de la Convención de los Derechos del Niño. La Convención reconoce la categoría universal del niño/a como un sujeto activo, frente al concepto reduccionista de menor, que hace referencia únicamente a la realidad jurídica del menor de edad frente al mayor de edad.

Por lo tanto, una buena noticia ya en el título, Ley de Protección de la Infancia.

Oportunidad perdida para una reforma en profundidad

Precisamente por ese carácter universal y sustantivo de la categoría del niño, entendemos que es ficticia la tradicional discriminación que realizamos entre niños de protección, de reforma, niños extranjeros, niños con discapacidad…. La realidad de la infancia es, per se, cambiante y desbordante al rígido texto legislativo, y exigen de un continuo reto de mejora no solo de la legislación, sino también de nuestros programas y proyectos de atención a la infancia.

Quizá se haya dejado pasar la oportunidad de hacer una reforma en profundidad del sistema de protección de menores: en los anteproyectos no se evita la inseguridad jurídica que persiste en el concepto de riesgo y desamparo, por lo que, en atención a las recomendación del Comité de los Derechos del Niño, debió excluirse de plano que la pobreza infantil y las dificultades económicas de la familia como un motivo para la retirada del niño del hogar familiar.

“Debe excluirse como un motivo para la retirada del niño del hogar familiar los motivos de pobreza o dificultades económicas de la familia, tal y como recomienda el Comité de los Derechos del Niño”
Patricia Fernández, abogada de CLAIM

Reducción de supervisión judicial bajo la excusa de acortar procesos

Hace muchos años que reclamamos la necesidad de otorgar mayor garantías al procedimiento de desamparo y retirada de tutela que debería hacerse siempre bajo la supervisión judicial por el altísimo grado de afectación de derechos, sin perjuicio de las medidas de urgencia de naturaleza administrativa, que puedan articularse. Esto exige sin duda una justicia ágil y eficaz.

No podemos ceder a la tentación de hurtar a la supervisión judicial los procedimientos de retirada de tutela bajo la excusa de que estos se alargan y perjudican el bienestar de los niños y niñas. Exijamos y legislemos para conseguir un procedimiento judicial ágil: sin justicia, no hay derechos. Tampoco derechos para la infancia. No podemos renunciar a las garantías judiciales. La seguridad jurídica es un valor de enorme trascendencia.

Sin aplicación de normas y recomendaciones en protección de menores “privados de libertad”, con trastornos de conducta y migrantes.

Creo que debe incorporarse a nuestra legislación nacional las “Normas Mínimas  de las Naciones Unidas para la protección de los menores “privados de libertad” de modo que se elimine el aislamiento y la separación de grupo de los centros de privación de libertad.

Entiendo que es preciso desterrar de la legislación de infancia el concepto de trastorno de conducta en atención a las recomendaciones del manual diagnóstico DSM IV que aconseja retirar de las futuras ediciones el  “trastorno de conducta” por considerar que “dicho diagnóstico suele privar al adolescente del tratamiento adecuado y necesario tanto en el sistema educativo como en el judicial.” España sigue, junto con Rumanía, sin regular la especialidad de psiquiatría infantil.

“España sigue, junto con Rumanía, sin regular la especialidad de psiquiatría infantil. Por otro lado, existe mucho trabajo por hacer en el ámbito de la protección migrante”
Patricia Fernández, abogada de CLAIM

Existe mucho trabajo por hacer en el ámbito de la protección migrante: ha de regularse el derecho de asistencia letrada en los procesos de determinación de la edad de los menores migrantes así como incorporar las recomendaciones del Informe del Defensor del Pueblo en esta materia.

Mucho por hacer por una justicia accesible

Es urgente una apuesta decidida por una justicia accesible a la infancia, teniendo España pendiente de firmar y ratificar la Convención Europea sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños.

Lo dicho: en la protección a la infancia queda mucho trabajo por hacer.

Patricia Fernández Vicens, abogada del proyecto CLAIM y de la Oficina Legal de la Fundación La Merced Migraciones

Un resumen de este artículo salió publicado en El Mundo, el pasado 26 de abril.