El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el texto de la Convención de los Derechos del Niño, tras 10 años de consultas y negociaciones entre profesionales, organizaciones sociales y funcionarios de todos los Gobiernos. Un año después de su adopción ya había entrado en vigor gracias al apoyo masivo que recibió.

La Convención recoge en 54 artículos todos los derechos que los Estados Parte deben garantizar a toda persona menor de edad para ofrecer un nivel de vida y un desarrollo adecuado. Su enorme trascendencia radica en que es de obligatorio cumplimiento por todos los Estados firmantes, que son todos a excepción de Estados Unidos, Somalia y Sudán del Sur. Es decir, los gobiernos de 191 países están obligados a armonizar sus leyes, políticas y prácticas con las normas fijadas en la Convención y a convertirlas en realidad con medidas concretas. Es el Tratado Internacional de derechos con más amplia ratificación.

Desde su aprobación en 1990, en el mundo se han producido avances considerables en el cumplimiento de los derechos de la infancia, según el programa de los Objetivos del Milenio de la ONU, a través de la prestación de servicios básicos, pero aún queda mucho por hacer para garantizar la protección y desarrollo de todo niño y niña.

De hecho, los progresos en la consecución de estos derechos parecen estar en riesgo de retroceso por amenazas como los conflictos armados, el VIH, la pobreza o por las políticas de recorte impuestas por los gobiernos europeos.

En España, niños y niñas son uno de los colectivos más afectados por las también llamadas políticas de austeridad. Según, el reciente informe de Save The Children, un 33,8% de la infancia en España se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

La Convención de los Derechos de la Infancia es nuestro marco de referencia en la protección de la infancia. Reconocer por ley el derecho de todos los niños y niñas a un nivel de vida adecuado fue un hito en la historia de la humanidad. Promocionarlos y reclamar su cumplimiento es nuestra responsabilidad para prevenir la exclusión social y la pobreza.

España, como país firmante tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a la Convención. Este año, en su 25 aniversario, se presenta una oportunidad única para valorar su impacto y reflexionar sobre la defensa de los derechos de la infancia de aquí en adelante.