El 1 de febrero de 2013 Sofía volaba desde Honduras a Madrid para reencontrarse con su madre, Wendy, residente en España desde hacía 4 años. Lo que iba a ser un encuentro emocionante, se convirtió en una pesadilla de 29 horas en la comisaría de Barajas. La Policía Nacional antepuso la legislación sobre extranjeria a la de protección a la infancia y estuvo a punto de repatriar a la niña. Afortunadamente la historia acabó bien, gracias al buen trabajo de un grupo personas expertas. 6 meses más tarde, la jueza del 33 de lo contencioso administrativo señalaba que la policía tenía que haber puesto inmediatamente a la niña bajo la tutela de sus padres o familiares.

La Convención de los Derechos de la Infancia reconoce en su artículo 9 el derecho de niños y niñas a vivir con su padre y madre, excepto en casos en “que tal separación es necesaria en el interés superior del niño”.

En su artículo 10, recoge que “toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes garantizarán, además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares”.

Una de las abogadas que solicitó las medidas cautelares y consiguió paralizar la devolución de la niña es Patricia “Patuca” Fernández, de la Oficina Legal del proyecto Claim que desarrolla La Merced Migraciones. “La sentencia nos dijo que lo que hizo la Policía Nacional no se puede hacer. Cuando un niño o niña llega a territorio nacional tiene que tener la representación legal de un adulto: sus padres, alguien a quien sus padres hayan apoderado, o si no el ministerio fiscal. El retorno al país de donde procede el vuelo pone a estos menores en grave riesgo. La sentencia reconoció que se vulneró un derecho fundamental impidiendo el cuidado y la representación legal de su madre. Finalmente, la sentencia estableció que se protegiera no solo a esta niña sino a otros en la misma situación y que la Policía tiene que aplicar criterios de Protección a la infancia”.

“Los niños deberían estar con sus padres y nadie les puede quitar ese derecho”, declara Wendy al final de la entrevista en la Oficina Legal de la Fundación La Merced Migraciones en Madrid. A ella, le agradecemos su testimonio.

Y a tod@s vosotr@s os pedimos que nos ayudéis a difundir los derechos de la infancia. Sólo si los conocemos, los podremos reclamar.